{"id":487,"date":"2018-11-19T12:13:25","date_gmt":"2018-11-19T11:13:25","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/?p=487"},"modified":"2018-11-19T12:13:25","modified_gmt":"2018-11-19T11:13:25","slug":"juan_zevallos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/juan_zevallos\/","title":{"rendered":"Los desplazados de la palma"},"content":{"rendered":"

Por: Juan Carlos Zevallos Diaz (Masterstudiengang Interdisziplin\u00e4re Lateinamerikastudien)<\/em><\/p>\n

El conflicto armado colombiano es en buena medida, y desde sus or\u00edgenes, una disputa por la tierra, que en sus 50 a\u00f1os de duraci\u00f3n ha generado 7.200.000 desplazados, la cifra m\u00e1s alta a nivel mundial (IDMC 2007<\/a>). La concentraci\u00f3n de la tierra es un grave problema: el coeficiente Gini es de 0.89,6% (El Tiempo 2006<\/a>), uno de los m\u00e1s altos en la regi\u00f3n m\u00e1s desigual del planeta en t\u00e9rminos de distribuci\u00f3n de la tierra (FAO 2007<\/a>). En la \u00faltima d\u00e9cada, la concentraci\u00f3n se ha agudizado en las regiones donde existen proyectos extractivos y agroindustriales, que son, a su vez, las m\u00e1s afectadas por el fen\u00f3meno de desplazamiento (Baumeister et al. 2018<\/a>). Tal es el caso del Bajo Atrato (departamento del Choc\u00f3), donde adem\u00e1s la guerra ha servido como una excusa para camuflar estrategias de expansi\u00f3n de las empresas productoras de aceite de palma, afectando a comunidades afrodescendientes, mestizas y nativas. En este blog har\u00e9 un recuento de la relaci\u00f3n entre los grupos paramilitares, la industria de la palma y los desplazamientos, para luego centrarme en el retorno de los desplazados.<\/p>\n

El Bajo Atrato y el conflicto<\/strong><\/p>\n

La regi\u00f3n del Bajo Atrato tiene una larga historia de acaparamiento y extractivismo que incluye miner\u00eda colonial esclavista entre los siglos XVI y XVIII, y madera, caucho y ca\u00f1a (entre otros) entre finales del siglo XIX y comienzos del XX (Baquero 2014, 443 citando a Leal 2008<\/a>). En 1960 se establecieron las bananeras del Urab\u00e1, donde el conflicto entre jornaleros y hacendados deriv\u00f3 en la formaci\u00f3n de los primeros grupos armados de la zona (El Espectador 2016<\/a>).<\/p>\n

El inter\u00e9s en el Bajo Atrato recae en su posici\u00f3n estrat\u00e9gica: su cercan\u00eda al Pac\u00edfico y al Caribe. Esto genera disputas por el control del tr\u00e1fico de armas y estupefacientes, as\u00ed como sobre sus rutas de comercializaci\u00f3n. Los traficantes buscan el dominio del corredor Mutat\u00e1-Dadeiba y el municipio de Jurad\u00f3 mediante el control de los r\u00edos Jiguamiand\u00f3 y Salaqu\u00ed, dejando a las poblaciones de esas cuencas en una situaci\u00f3n muy vulnerable (Defensor\u00eda del pueblo 2002<\/a>). En la zona tambi\u00e9n hicieron presencia grupos guerrilleros (Backhouse et al. 2013: 15<\/a>). A principios de la d\u00e9cada de 1990, sus extorsiones y secuestros a terratenientes eran respondidos con asesinatos selectivos a l\u00edderes locales, y a la organizaci\u00f3n de lo que se conocer\u00eda como las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1 (ACCU). La etapa m\u00e1s sangrienta del conflicto en la regi\u00f3n se inaugura con las operaciones Septiembre Negro en 1996 y G\u00e9nesis, en febrero de 1997. Esta \u00faltima fue un trabajo colaborativo entre los paramilitares y el ej\u00e9rcito colombiano, que incluy\u00f3 bombardeos a\u00e9reos e incursiones terrestres. Las operaciones contrainsurgentes ocasionaron el desplazamiento de m\u00e1s de 6.500 campesinos. Sumada a la operaci\u00f3n Septiembre Negro, los desplazados ascendieron a m\u00e1s de 10.000 campesinos (Baquero 2014: 445<\/a>), en su mayor\u00eda provenientes de las cuencas de los rios Cacarica, el Salaqu\u00ed, Truand\u00f3, Jiguamiand\u00f3, Curbarbad\u00f3 y Domingod\u00f3, quienes terminaron en las ciudades de Turbo, Chingorod\u00f3 y Medell\u00edn (El Espectador 2016<\/a>; Backhouse et al. 2013: 15<\/a>); una proporci\u00f3n importante de sus tierras qued\u00f3 bajo el control de los paramilitares.<\/p>\n

Palma aceitera en el Bajo Atrato<\/strong><\/p>\n

Entre finales de la d\u00e9cada de 1990 e inicios de la d\u00e9cada del 2000 ocurre un proceso de acaparamiento de tierras provocada por una alianza entre paramilitares, empresarios y \u00e9lites pol\u00edticas regionales y militares para expandir agronegocios, ganader\u00eda y cultivos il\u00edcitos (Baquero 2014: 445<\/a>).<\/p>\n

Uno de los casos m\u00e1s conocidos es el del clan Casta\u00f1o Gil. Los hermanos Casta\u00f1o Gil, fundadores de las Autodefensas Campesinas de C\u00f3rdoba y Urab\u00e1, asesinaron y desaparecieron campesinos, acus\u00e1ndolos de ser miembros de las FARC. Este clima de terror produjo un \u00e9xodo de campesinos y dio lugar para el despojo masivo de sus tierras. Una de las operaciones de despojo mejor documentada a la fecha fue realizada a trav\u00e9s de Sor Teresa G\u00f3mez, cu\u00f1ada y testaferra de los hermanos Casta\u00f1o, a quienes les facilit\u00f3 la compra de 6.000 hect\u00e1reas de terrenos de la regi\u00f3n de Las Tulapas a precios muy bajos, perjudicando a los campesinos mestizos y afrodescendientes de la zona (El Espectador 2016<\/a>). Esta compra se hizo mediante el Fondo Ganadero de C\u00f3rdoba, bajo control del mismo clan, d\u00e1ndole una apariencia de legalidad a la transacci\u00f3n, cuando en realidad las ventas se realizaban bajo amenazas a los campesinos. G\u00f3mez fue condenada en octubre de 2015, adem\u00e1s, por el homicidio de Yolanda Izquierdo, una reconocida lideresa campesina, reclamante de tierras (El Espectador 2017<\/a>). Las redes del clan Casta\u00f1o habr\u00edan creado nexos con altos miembros de la polic\u00eda, entre otros al comandante Rodolfo Palomino, quien llegar\u00eda a ascender hasta convertirse en el director general de la Polic\u00eda Nacional de Colombia entre 2013 y 2016, y quien tras su renuncia por diversos esc\u00e1ndalos fue acusado en mayo de 2017 de impedir la captura de varios directivos del Fondo Ganadero de C\u00f3rdoba (El Espectador 2017<\/a>).<\/p>\n

Entre los a\u00f1os 2000 y 2008 en Curbarad\u00f3 y Jiguamiand\u00f3 se cultivaron m\u00e1s de 22.000 mil hect\u00e1reas de palma, mediante una iniciativa agroindustrial en cuya junta directiva aparec\u00edan varios l\u00edderes paramilitares (Baquero 2014: 445<\/a>). Una de estas empresas es Urapalma, del empresario Antonio Z\u00fa\u00f1iga, quien fue condenado por parte del tribunal superior de Medell\u00edn en junio de 2017 por desplazamiento forzado, concierto para delinquir e invasi\u00f3n de tierras (El Espectador 2017<\/a>). De acuerdo con la sentencia contra Z\u00fa\u00f1iga, la operaci\u00f3n G\u00e9nesis abri\u00f3 el espacio para el ingreso de paramilitares y diversas empresas palmeras, entre ellas Urapalma. Z\u00fa\u00f1iga se asoci\u00f3 con el clan Casta\u00f1o Gil, quienes le garantizaban protecci\u00f3n y la legalizaci\u00f3n irregular de los predios invadidos, de parte de Sor Teresa Gomez (El Espectador 2017<\/a>). Z\u00fa\u00f1iga es una de las 90 personas procesadas por los desplazamientos sufridos por m\u00e1s de 5.000 habitantes de Curbarad\u00f3 y Juguamiand\u00f3 entre 1996 y 2004. Otros denunciados son funcionarios de empresas palmicultoras como la propia Urapalma, Palmas de Curvarad\u00f3, Palmura, Palmas de Bajir\u00e1, Inversiones Agropalma & C\u00eda. y Palmad\u00f3 Ltda.<\/p>\n

La cantidad de denuncias sugiere que se trat\u00f3 de un modus operandi sistematizado y hasta normalizado en la zona; es decir, el Estado no ten\u00eda capacidad o voluntad de control y, adem\u00e1s, el sistema de justicia estaba suspendido o le era inaccesible a las v\u00edctimas. En suma, la violencia le es funcional al negocio de la palma de aceite e incluso, como argumenta Escobar (2008)<\/a>, la violencia ser\u00eda el motivo por el cual Colombia tiene vol\u00famenes de producci\u00f3n tan altos en comparaci\u00f3n al promedio latinoamericano.<\/p>\n

Sin embargo, la expansi\u00f3n de la palma se detuvo por una enfermedad que provocaba la pudrici\u00f3n de los cogollos. A ello se suma la resistencia local de los desplazados que retornaron a sus tierras. La palma fue reemplazada en algunos puntos por ganader\u00eda y monocultivos de yuca y pl\u00e1tano (INCODER 2005, Citado por Baquero 2014<\/a>). Sin embargo, persisten proyectos para sembrar palma, a\u00fan con el uso de violencia, lo que se refleja en las cifras recientes de asesinatos de l\u00edderes reclamantes de tierras.<\/p>\n

 <\/p>\n

El retorno<\/strong><\/p>\n

En muchos casos, los desplazados que deciden retornar encuentran sus tierras ocupadas. Ni el proceso de desmovilizaci\u00f3n de los paramilitares ni la implementaci\u00f3n del Acuerdo de Paz con las FARC est\u00e1 garantiz\u00e1ndoles que las tierras les sean devueltas, pues se apela a la buena fe del comprador y a su desconocimiento sobre los despojos. Es por ello que los campesinos y comunidades se han visto obligados a conformarse con recuperar solo parte de sus tierras. En el caso de Pedeguita Mancilla, solo 13% del territorio es usado por las comunidades, frente al 58%, ocupado por empresarios. Del mismo modo, en Playa Roja, Santa Mar\u00eda y La Larga-Tumarad\u00f3, los nuevos poseedores se dedican a la ganader\u00eda, que contamina fuentes de agua y contribuye a la deforestaci\u00f3n, con lo que imposibilita la pesca artesanal, la caza, la agricultura y el uso de madera. Es decir, inviabiliza las actividades econ\u00f3micas de las que depend\u00edan las comunidades de las zonas veredales del Bajo Atrato (Defensor\u00eda del Pueblo 2002<\/a>). Los casos de Larga-Tumarad\u00f3 y Pedeguita-Mancilla llaman la atenci\u00f3n porque legalmente la tierra le pertenece a la comunidad, pero son los ganaderos, palmeros, y otros empresarios quienes poseen la tierra de facto, mediante compra ilegal, ocupaci\u00f3n o arriendos fraudulentos (El Espectador 2016<\/a>).<\/p>\n

En el caso del Consejo Comunitario del Rio Cacarica en el Bajo Atrato, quienes permanecieron 5 a\u00f1os viviendo en el Coliseo de Turbo, algunos decidieron retornar, pero encontraron diversas alteraciones en sus terrenos. No todos han sido beneficiados por viviendas sociales, y pocos tienen empleos fijos o cuentan con servicios de salud. El desplazamiento ha significado la ruptura de sus redes familiares y sociales. La mayor\u00eda de las familias que han regresado a Cacarica sufren de hostigamientos, amenazas, agresiones, especialmente de parte de los paramilitares. Desde que inici\u00f3 el retorno en 2000, las comunidades del Bajo Atrato han sufrido diversos obst\u00e1culos, como la interrupci\u00f3n del tr\u00e1nsito de alimentos desde Turbo, la ruptura de los circuitos de comercializaci\u00f3n, el cierre de escuelas rurales y el aislamiento forzado por obra de los actores armados (Defensor\u00eda del Pueblo 2002: 12<\/a>).<\/p>\n

El retorno de los desplazados tiene, adem\u00e1s, otro tema pendiente: la protecci\u00f3n de los l\u00edderes reclamantes de tierras, como el caso de Hern\u00e1n Bedoya, del caser\u00edo de Playa Roja, asesinado en diciembre de 2017 (El Espectador 2017<\/a>).<\/p>\n

A pesar de la promulgaci\u00f3n de varias leyes y de los programas de restituci\u00f3n de tierras, distintas voces coinciden en que al gobierno le hace falta voluntad pol\u00edtica tanto para fortalecer la institucionalidad agraria, como para planificar el desarrollo rural con un enfoque territorial, compromiso adquirido en el Acuero de Paz con las FARC. En el primer caso, carece de presupuesto y en el segundo se habr\u00eda planificado solo para zonas ocupadas por las FARC, dificultando por ejemplo las iniciativas de formulaci\u00f3n del PRIDET en otras regiones (Semana rural 2018<\/a>). Ya antes del proceso de paz con las FARC, Dammert (2014)<\/a> alertaba que Colombia no estaba realmente preparada para un escenario de posconflicto en temas de desarrollo rural ni de conservaci\u00f3n de bosques. Mientras sea tan d\u00e9bil la voluntad pol\u00edtica para implementar efectivamente las escasas medidas del Acuerdo que contribuyen a la democratizaci\u00f3n del acceso a la tierra y la devoluci\u00f3n de las tierras despojadas, el pa\u00eds enfrentar\u00e1 serias dificultades para lograr en un plazo razonable el tan anhelado objetivo de la paz.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Por: Juan Carlos Zevallos Diaz (Masterstudiengang Interdisziplin\u00e4re Lateinamerikastudien) El conflicto armado colombiano es en buena medida, y desde sus or\u00edgenes, una disputa por la tierra, que en sus 50 a\u00f1os de duraci\u00f3n ha generado 7.200.000 desplazados, la cifra m\u00e1s alta a nivel mundial (IDMC 2007). La concentraci\u00f3n de la tierra es un grave problema: el … \u201eLos desplazados de la palma\u201c<\/span> weiterlesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3036,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[189539],"tags":[],"class_list":["post-487","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-landkonflikt-und-laendliche-entwicklung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/487","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3036"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=487"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/487\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":565,"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/487\/revisions\/565"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=487"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=487"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.fu-berlin.de\/kolblog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=487"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}