Autor: Daniel Cuesta  (M.A. Interdisziplinäre Lateinamerikastudien)

 

Un Miércoles de Ceniza, el padre Antonio Isabel les puso en la frente la cruz de ceniza indeleble. Una noche y un día lejano bastaron para que a partir de esa señal fueran todos exterminados, por el infundado temor del Gobierno de que hubieran heredado del coronel la semilla de la rebelión.

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

 

En su edición del 15 de marzo de 2018 el diario brasileño Folha de S.Paulo publicó una noticia en la que se hablaba de un nuevo tipo de violencia política en Brasil, a raíz del asesinato de la concejala Marielle Franco, semejante al de otros países de Latinoamérica. Se hablaba en ese contexto de una posible “colombianización” del país, con la connotación de que el asesinato sistemático de opositores y la vinculación de estos crímenes con actores políticos o del narcotráfico son un rasgo distintivo de la historia colombiana.

Un fenómeno reciente es el asesinato de líderes sociales que ha tenido lugar durante el proceso de paz y una vez firmados los acuerdos de paz en Colombia. Aunque dentro del Acuerdo de Paz el punto 2 contempla las garantías para la oposición política, es decir, dar seguridad y proteger la vida de los opositores, entre el 2016 y lo corrido del 2018 hay 158 casos documentados de líderes sociales asesinados. Ante esta situación cabe mencionar algunos antecedentes. El tratado firmado en la Habana no es el primer intento para alcanzar la paz del conflicto interno colombiano: el 28 de abril de 1984 se firmó una tregua entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Belisario Betancourt, y de esta surgió la Unión Patriótica, un partido político para que las FARC y miembros de otros grupos guerrilleros ingresaran e hicieran parte de la vida política. Varios de los miembros de este partido lograron algunas curules como, por ejemplo, Iván Márquez, comandante guerrillero desmovilizado de las FARC, quien obtuvo una curul para la Cámara de Representantes. Sin embargo, este proceso de inserción a la política se vio rápidamente atacado con el asesinato sistemático de los miembros elegidos de este partido y de otros lideres sociales en un plan denominado el “Baile Rojo”. Quienes no fueron asesinados, optaron por el retorno a la insurgencia o el exilio. El de la UP es, pues, un ejemplo del fracaso para resolver el conflicto armado. Frente a tal antecedente cabe preguntarse cómo se puede garantizar que, tras la firma de los tratados de paz, no se repita esta masacre de las voces opositoras.

Para este análisis de coyuntura nos centraremos en el límite temporal de 2016-2018 y la serie de denuncias que se viene haciendo sobre el asesinato de líderes sociales. Asimismo, es de especial interés para el análisis términos tales como “paz inestable” y “diplomacia preventiva”.

Desarrollo    

El de Temístocles Machado es quizás uno de los asesinatos a lideres sociales más sonados en lo que va corrido del año, hecho ocurrido el 27 de enero del 2018. Machado fue uno de los lideres sociales más representativos del Paro Cívico ocurrido en mayo de 2017 en la ciudad de Buenaventura, a través del cual se logró la creación de una mesa de discusión entre líderes de la región y el Gobierno para discutir los problemas de salud, orden público y distribución de tierras. Así mismo, Machado había iniciado un proceso legal en contra del empresario Jairo Arturo Salamando Ochoa por la titulación del terreno en el que se erige el barrio Isla de Paz, barrio en el que él habitaba y del cual era vocero. Salamando aseguraba ser el dueño de dicho territorio gracias a una herencia y según los habitantes del barrio, en ese territorio se planeaban construir parqueaderos de carga y desmonte de mercancía proveniente del muelle. A esa querella también se suman una serie de intimidaciones a los habitantes del barrio.

Este caso es particularmente representativo, ya que permite extrapolar relaciones entre actores que suelen repetirse en otros casos documentados. Por un lado, están los líderes sociales o defensores de derechos humanos que luchan por reivindicaciones sociales (en el caso anterior, el derecho de los habitantes del barrio Isla de Paz a vivir en el lugar en que han residido por generaciones). Las luchas por la restitución de tierras son también una constante: Porfirio Jaramillo, asesinado el 27 de junio de 2017, también llevaba una querella por la restitución de un terreno de 33 hectáreas, la finca El Trébol, ubicada en Urabá. Como opositores de estas demandas hay diversos empresarios cuya relación con los territorios en disputa está ligada a motivos económicos: en el caso de Jairo Arturo Salamando, la transformación de esos terrenos para la construcción de parqueaderos.  A su vez, la relación económica también está ligada a situaciones fraudulentas ligadas con la violencia paramilitar: el opositor del proceso abanderado por Porfirio Jaramillo es el empresario Germán Gonzáles, quién compró los predios a los paramilitares una vez estos desplazaron a los habitantes de ese lugar. En efecto, tras el surgimiento de la violencia paramilitar en la región de Urabá, muchos habitantes vendieron sus predios a valores irrisorios o simplemente los abandonaron. Cuando regresaron una vez reducido el riesgo, encontraron que sus tierras estaban en poder de varios empresarios de la zona. Ahora bien, muchos de los asesinatos cometidos son difíciles de atribuir directamente a los empresarios ya que el 53% de los homicidios ocurren bajo la modalidad de sicariato.

Sumada a estas formas de violencia encontramos, por otro lado, el rol del Estado y sus acciones que no logran asegurar la vida de los líderes. El Ministro de Defensa, hacia finales del 2017, declaró que la mayoría de asesinatos de líderes sociales “son frutos de un tema de linderos, de un tema de faldas, de peleas por rentas ilícitas” y negando, a su vez, la existencia de un grupo que asesine sistemáticamente a estas personas. Así pues, el Estado desconoció y negó la amenaza a los líderes. De igual manera, tanto en el caso de Temístocles como el de Porfirio Jaramillo, el Estado decidió retirar la protección que éstos tenían, aun cuando existían amenazas de muerte en contra de ellos. El gobierno Santos tan sólo ahora viene a aceptar la situación y el homicidio sistemático, apelando a la redacción de un decreto que defina los mecanismos de protección colectiva de los líderes sociales y las comunidades, y el cual aspira a “convertirse en la hoja de ruta de una política pública de protección”.

Conclusiones    

Siguiendo el esquema conceptual de Lund (1996), quien entiende la paz como un proceso y no como un estado, Colombia se encuentra en un proceso de paz inestable, estadio en el que un balance de poder podría disuadir las agresiones bélicas. Sin embargo, es aún posible que la situación pueda escalar y desencadenar nuevamente un conflicto armado.  Para lograr tal estabilidad en el poder, se hace necesaria la actuación de las elites que gozan de legitimidad política y que logren visibilizar el problema del homicidio de líderes sociales, pero que a su vez logren influenciar en la modificación o creación de intervenciones para garantizar la seguridad de éstos. Considero que un ejemplo de esta solución es la creación del decreto antes mencionado, a través del cual no sólo se reconoce la situación actual, sino que también se proponen unos derroteros generales que pueden ser aplicados en diferentes situaciones en las que la vida de un líder social esté amenazada.

Tales acciones podrían equipararse con una “diplomacia preventiva”, es decir, cada acción tomada en tiempos y lugares difíciles para evitar la amenaza o el uso de la fuerza armada o formas similares de coerción que puedan tener efectos desestabilizadores en el ámbito político, cultural, social, etc. Que el Estado visibilice este fenómeno y tome acciones para impedirlo es también una forma de homogenizar un discurso tan polarizado como el colombiano: de ser entendido como un posible argumento de simpatizantes de izquierdas, el fenómeno debe ser aceptado como un punto a ser discutido en la agenda política nacional.

Uno de los retos a los que se enfrenta una política que garantice la seguridad de los líderes sociales es la escasa presencia de las fuerzas policiales en lugares lejanos de los centros urbanos principales, como ocurre por ejemplo en la región de Urabá, razón que facilita la presencia de grupos al margen de la ley y que pueden facilitar la realización e impunidad de ataques sicariales. Por sus condiciones, tales lugares brindan cobijo a otras elites, las emergentes ligadas al narcotráfico, a la violencia paramilitar, etc., quienes tienen una influencia muy grande en esa región y son los principales contrincantes a las luchas de estos líderes, particularmente aquellas relacionadas con las restituciones de tierra. Aunque se ha creado un Cuerpo Elite conformado por 1.088 policías, el cual se encarga de prevenir e investigar los asesinatos a líderes sociales, se debe también incentivar la agilización de los procesos en entidades como la Fiscalía o la Unidad Nacional de Protección, ante las cuales se presentan las denuncias por amenazas y de cuyos fallos o demoras dependen las vidas de los líderes sociales. De esta forma podrían mejorarse las garantías para la oposición.