Por: Nicolás Quiroga (Masterstudiengang Interdisziplinäre Lateinamerikastudien)
En el seminario “El acuerdo de paz en Colombia: Análisis de coyuntura, perspectivas y retos de implementación” a cargo del Dr. Manuel Góngora Mera de la Universidad Libre de Berlín durante el semestre de invierno 2017/2018, han sido formulados diversos análisis de coyuntura relativos al Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (firmado a finales del 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC). En las siguientes consideraciones, se harán algunas reflexiones sobre lo acordado en el Punto 1, referido a la Reforma Rural Integral (RRI), en su conexión con los conflictos sobre la tierra.
Los conflictos sobre la tierra
La historia de América Latina en general está marcada por la controversia respecto a la tenencia y la propiedad de la tierra. Ya a comienzos del siglo XX, el pensador peruano José Carlos Mariátegui advertía en su relevante obra Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana que la opresión de las comunidades indígenas (y podríamos extenderlo a las poblaciones rurales) tiene una clara dimensión política, étnica y cultural, pero que el problema se encuentra -en última instancia- en el conflicto sobre la tierra. Su concentración en pocas manos ha dificultado continuamente la mejora de las condiciones de existencia de la población latinoamericana.
En el caso particular de Colombia, se presenta como una de las principales causas estructurales del conflicto armado interno. Se trata de una disputa multicausal, de larga data, entre intereses disímiles y contrapuestos. La sociedad colombiana ha debido (sobre)vivir bajo el fuego cruzado de los diversos actores que intervienen en este complejo fenómeno: guerrillas marxistas (FARC, ELN, EPL), grupos paramilitares de extrema derecha, carteles de drogas, fuerzas represivas del aparato estatal y élites económicas que han financiado la guerra, entre otros. Directa o indirectamente, todos tienen intereses en el control y/o posesión de tierras. Por lo tanto, la transformación de la estructura agraria es considerada como una de las condiciones necesarias para poner fin a un conflicto interno de más de medio siglo. Resolver y erradicar las causas históricas que han marginado a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes se presenta como un paso imprescindible para la erradicación de la violencia. Por limitaciones de espacio, intentaremos brevemente sintetizar los puntos salientes que caracterizan la disputa en torno a la tenencia de la tierra para posteriormente abordar el trascendental Acuerdo sobre RRI.
El problema agrario en Colombia se caracteriza históricamente por el alto nivel de concentración de la propiedad de la tierra que ha generado una constante exclusión de las poblaciones campesinas, produciendo su aislamiento político-social. También ha ocasionado una pobreza estructural que se traduce en indigencia y en el deterioro de bienes y servicios públicos fundamentales en áreas rurales, como la salud, la educación y la infraestructura (Machado 2013). Estas condiciones a las que se han visto condenados amplios sectores de la población rural colombiana en beneficio de los intereses de grandes latifundistas y en algunos casos también del capital transnacional, actuaron como catalizador del conflicto armado. Así, la estructuración que determina la tenencia de la tierra en Colombia ha condicionado directamente las relaciones político-sociales y económicas del país asociadas no sólo a un alto nivel de concentración, sino también a un significativo grado de extranjerización de los recursos nacionales. Esta problemática se ha agravado en el siglo XXI, en un contexto marcado por el aumento del precio de las materias primas, asociado al boom del extractivismo, la agroindustria y el monocultivo.
Apoyándonos en los datos publicados en 2012 por la Revista Semana, se pueden apreciar las principales características de la estructura agraria colombiana y la fuerte concentración en la tenencia de la tierra. Para el año mencionado, un 77% de la tierra estaba bajo control de un 13% de latifundistas. Más aún, el 3,6% de estos propietarios acaparaban el 30% de las tierras del país. Estas cifras son elocuentes y resaltan el altísimo nivel de concentración de la tierra en Colombia. De este modo, entre 2002 y 2012, la desigualdad medida por el índice Gini rural (expresado en el intervalo 0-1), aumentó del 0,74 a 0,88. De los datos difundidos también se desprenden las paupérrimas condiciones en las que vive la población en el campo colombiano, donde los pobres alcanzan el 65% y los indigentes el 33%. A su vez, la informalidad en lo que respecta a los títulos de propiedad supera el 40% entre los pequeños productores, sumado a que el 60% del empleo rural es informal; el 60% de la población rural no cuenta con agua potable y un 85% carece de alcantarillado. Por último, sólo el 9% de las 34 millones de hectáreas tituladas a las comunidades indígenas y afrodescendientes, son aptas para la agricultura (Semana 2012).
Como se observa a partir de los datos presentados, la problemática de la tierra está fuertemente asociada a una desigualdad social extrema. Resulta evidente e incuestionable la imperiosa necesidad de implementar reformas que reviertan la manifiesta situación de abandono, atropello e injusticia en la que se encuentran sumidas las comunidades rurales de Colombia.
El acuerdo de Reforma Rural Integral (RRI)
Desde la Constitución de 1991, el reconocimiento de los derechos a la tierra de las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras y demás comunidades étnicas ha sido un paso sumamente importante y necesario no sólo para lograr la paz, sino también para reducir las enormes desigualdades en la sociedad colombiana. Pero en este punto hay que ser tajantes: Una inclusión político-legal, sin una transformación sustancial de los condicionantes económicos que rigen una sociedad, son insuficientes. En tanto la tierra siga estando en la práctica bajo el control de unos pocos, y mientras que el latifundio sea el rasgo saliente del agro colombiano, todo intento por erradicar la violencia en Colombia será incompleto.
Teniendo esto presente, el acuerdo de paz contempló la ejecución de una Reforma Rural Integral, que tiene como objetivo la democratización y regularización de la tierra, el desarrollo integral y la configuración de un ordenamiento socioambiental del territorio. Según el texto del acuerdo, la RRI “sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural -hombres y mujeres- y de esta manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera” (Acuerdo Final 2016, p. 7). Para alcanzar los objetivos propuestos, la RRI cuenta con diferentes estrategias entre las que se pueden destacar tres medidas: 1) un fondo de tierras de distribución gratuita; 2) Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); y 3) Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral.
De esta manera, se pretende modificar la estructura agraria de Colombia y el uso del suelo en pos de incorporar a las comunidades campesinas -a partir del reconocimiento de sus derechos- en un proyecto sociopolítico y económico integrador que permita dar cuenta de la diversidad cultural de la Colombia rural. Por lo tanto, la RRI se presenta como un instrumento para alcanzar tres metas generales: 1) Solucionar una de las principales causas del conflicto armado interno; 2) establecer una paz estable y duradera; y 3) garantizar la no repetición del conflicto.
La Reforma Rural Integral constituye un pilar fundamental en el largo y complejo proceso por alcanzar la paz en Colombia. Es una responsabilidad ineludible que debe afrontar el Estado con el propósito de saldar una deuda histórica que mantiene con las comunidades rurales. Para lograrlo se requiere no solo la voluntad de un gobierno responsable, dedicado al cumplimiento de lo firmado en el Acuerdo de Paz, sino además el acompañamiento de la sociedad civil colombiana. Esta debe actuar como un sujeto político-social de convergencia entre trabajadores, campesinos, comunidades indígenas, mujeres y estudiantes en la difícil pero apasionante e histórica posibilidad de crear una nación más justa e igualitaria.