Autor: Georg Holfelder (M.A. Interdisziplinäre Lateinamerikastudien, FU Berlin)
Tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC a finales del 2016, se llevó a cabo el proceso de desmovilización del grupo guerrillero. Sin embargo, las dinámicas de violencia en el país van más allá del conflicto entre el Estado colombiano y la guerrilla. El Clan del Golfo, cuyos orígenes se sitúan en la desmovilización de los paramilitares que tuvo lugar hace diez años, se ha posicionado a nivel nacional como un nuevo actor de la guerra. Colombia debe lograr la paz política con las FARC y desarrollar una estrategia sostenible para resolver las dinámicas del conflicto armado, si no quiere seguir experimentando en el futuro la violencia y seguridad selectiva que le ha caracterizado.
Luego del proceso de desmovilización y reintegración a la vida civil de las FARC, y considerando las recientes negociaciones del gobierno con el ELN, parece que Colombia finalmente está superando el ciclo tortuoso de violencia que le ha caracterizado por tantos años. Sin embargo, las dinámicas de violencia en este país van más allá del conflicto entre el gobierno colombiano y los grupos guerrilleros. Colombia sigue jugando un rol central en el comercio internacional de drogas ilícitas. La extracción ilegal de oro en diversas regiones del país se ha convertido en un negocio más lucrativo que la producción de cocaína; las industrias extractivas (modelo económico impulsado por el expresidente Álvaro Uribe y actualmente respaldado por el gobierno de Santos) ha deteriorado masivamente la seguridad en esas regiones, especialmente para los líderes sociales ambientalistas y de derechos humanos.
La desmovilización de los frentes guerrilleros en sus respectivas zonas de control dejó un vacío de poder que ha permitido el fortalecimiento de economías ilegales como la producción y comercio de drogas, la extracción de oro y la extorsión, entre otras. Debido a que el gobierno colombiano no ha sido capaz de ocupar diligentemente esos espacios, se han venido estableciendo y expandiendo nuevos actores armados ilegales. Entre ellos, el más notorio es el Clan del Golfo, cuya formación se produjo como reagrupamiento de miembros desmovilizados entre 2003 y 2006 del grupo ilegal armado paramilitar “Autodefensas Unidas de Colombia” (AUC), durante el gobierno de Álvaro Uribe. El grupo se autodenomina “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” (AGC), pero es conocido entre la población civil como “Los Urabeños” y el gobierno los llama como “Clan Úsuga”, y más tarde como “Clan del Golfo”. Independientemente de la denominación, hoy por hoy este grupo es considerado como la mayor amenaza a la seguridad y a los actuales procesos de paz en Colombia.
Desde hace varios años, los miembros del Clan han venido librando sanguinarias disputas con las FARC y el ELN por el control de varios territorios del país, como por ejemplo el Norte de Antioquia. “Ahora que las FARC se han retirado, los Urabeños se van a expandir en los territorios que antes eran controlados por la guerrilla. ¡Ellos han llegado para quedarse!”, como lo relata una activista del Urabá. Esta región entre el Pacífico, el Caribe y la frontera con Panamá (lo que la hace estratégica para los narcotraficantes) se caracteriza por la débil presencia del Estado. Estos son los territorios donde el Clan del Golfo concentra su presencia, controlando casi todos los aspectos de la vida pública. Pero ¿cómo surgió este grupo y cómo pudieron lograr la capacidad de amenaza que les caracteriza hoy en día? La historia reciente de Colombia ofrece algunas respuestas.
Hace poco más de una década, el 15 de agosto de 2006, concluyó la desmovilización de las autodenominadas AUC. Inmediatamente después de asumir la presidencia en agosto de 2002, Álvaro Uribe inició las negociaciones con el grupo paramilitar y poco después logró un acuerdo. En noviembre de 2003 se dio inicio a la desmovilización de varias unidades. En los siguientes tres años, según datos oficiales, 31.671 miembros entregaron sus armas, y bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005, fueron reintegrados a la vida civil. El gobierno de Uribe celebró este proceso como un éxito hacia la paz, lo que combinado con la política de “mano dura” contra los grupos guerrilleros del país le generó un fuerte apoyo entre la población.
El origen del Clan radica en la fallida desmovilización de la AUC
Sin embargo, durante la desmovilización varios políticos colombianos, miembros de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional expresaron sus objeciones. Tal como lo criticó el expresidente Andrés Pastrana, muchos narcotraficantes fueron encubiertos como miembros del grupo paramilitar. De ese modo, con la Ley de Justicia y Paz, garantizaron su impunidad, legalizando de este modo sus delitos relacionados con el narcotráfico. Esto puede tener sustento considerando la estimación del número real de los miembros de las AUC, calculado en alrededor de 18.000 miembros, número muy inferior al de los que finalmente se desmovilizaron.
Por otro lado, el presidente Uribe y su gobierno fueron acusados de tener nexos y cercanías ideológicas con los paramilitares. Poco después de la desmovilización y en el marco del escándalo de la “para-política”, numerosos congresistas uribistas y miembros del gobierno (así como sus familiares cercanos), fueron investigados y condenados por sus relaciones con grupos paramilitares. Mediante sobornos e intercambio de información contribuyeron a la ejecución de múltiples desplazamientos, asesinatos selectivos y masacres contra la población. Igualmente, las unidades regionales y locales de las AUC se habían encargado de obtener los votos necesarios para que un tercio del congreso nacional fuera ocupado por colaboradores y simpatizantes del grupo paramilitar. Adicionalmente se develaron relaciones estrechas entre las AUC y miembros del ejército, la policía nacional, y las agencias de inteligencia estatales en diversos niveles jerárquicos.
Como los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) confirman, aún se mantiene la costumbre de la élite colombiana de utilizar actores armados ilegales para asegurar e imponer sus intereses. Según Lukas Rodríguez Lizcano, miembro del CNMH, “con lo que nadie contaba es que después de la desmovilización de los paramilitares y pese a los escándalos de la parapolítica, las élites locales mantuvieran sus relaciones con actores armados (…). Desde los años setenta las élites han asociado a los activistas sociales con el movimiento guerrillero, con lo que los han estigmatizado. Por eso los esfuerzos que van contra los intereses de esas élites se rotulan como acciones contra el orden social; igualmente esta estigmatización debilita la indignación social cuando los activistas son amenazados, secuestrados o incluso asesinados”. Esta opinión se confirma con una sangrienta estadística: en los últimos 18 meses han sido asesinados en Colombia casi 190 activistas sociales.
Incluso desde 2006 miembros desmovilizados de la AUC empezaron a reagruparse
Este mecanismo de violencia no estatal para garantizar el control territorial, social y económico es la función principal que cumplen grupos como el Clan del Golfo. Su eje central son las numerosas formas ilegales de obtención de ganancias, en particular el tráfico de drogas y la extracción ilegal de oro. Aquí se enlazan los intereses de las élites políticas y económicas locales con los intereses de los narcotraficantes y otros actores violentos. Así lo denunció la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA): pocos meses después de la desmovilización final de las AUC, aparecieron 22 nuevos grupos armados ilegales bajo el mando de antiguos comandantes del grupo paramilitar. Ellos ocuparon el vacío de poder que dejó la “desaparición” de las AUC.
Uno de esos grupos se estableció por órdenes del detenido comandante de las AUC, Vicente Castaño Gil, bajo el mando de Daniel Rendón Herrera en la Región del Urabá. Rendón Herrera, más conocido como alias “Don Mario”, pasó a la clandestinidad poco después de su desmovilización, como muchos otros miembros de la AUC, para volver a dedicarse al control violento de la población y de operaciones económicas legales e ilegales. Al igual que Don Mario, varios ex -comandantes de mediano rango de la AUC se convirtieron en cabecillas co-fundadores del grupo. Los hermanos Juan de Dios Úsuga (alias “Giovany”) y Dario Antonio Úsuga (alias “Otoniel”) luchaban junto con Don Mario desde principios de los años noventa, pero en aquel entonces haciendo parte de las filas del grupo guerrillero izquierdista Ejército Popular de Liberación (EPL). Después de la captura de Don Mario en 2009, Giovany asumió el mando hasta el 1 de enero del 2012, cuando Giovany fue dado de baja durante una operación de las fuerzas armadas colombianas y Otoniel “heredó” el mando. En un país que ha estado sumergido en conflictos durante varias décadas, estas trayectorias de vida no son una rareza. Con frecuencia el ejercicio de violencia es la única formación laboral que pueden recibir los miembros de grupos al margen de la ley. Este tipo de habilidades continúan siendo de gran demanda debido a la continuidad del conflicto y de las economías ilegales. Este problema estructural también amenaza el éxito de la desmovilización de las FARC, ya que actualmente organizaciones como el Clan, están invitando a guerrilleros desmovilizados, ofreciendo mejores incentivos financieros que el Estado.
Debido a la posición hegemónica que está ganando el Clan del Golfo entre los demás actores armados, se ha venido convirtiendo en un empleador atractivo para personas experimentadas en la violencia. Además, el grupo se está esforzando por vestirse con un discurso político, para que en el marco de un potencial sometimiento colectivo a la justicia puedan legalizar sus delitos y sus ganancias financieras, como lo hicieron previamente como AUC. Este referente puede ser observado en la misma autoidentificación como “autodefensas gaitanistas”, buscando conexión con el famoso político colombiano liberal Jorge Eliécer Gaitán, cuya muerte el 9 de abril de 1948 fue el detonante de la ola de violencia política en el país que para muchos representa el origen principal del conflicto armado interno en Colombia. Igualmente, la difusión de comunicados mediante cuentas de internet o redes sociales como Twitter, hace que esa reivindicación política sea más visible y que se puedan ganar adeptos entre la población.
No obstante, la violencia constituye el método principal de este grupo para lograr sus objetivos. Además de los asesinatos selectivos de activistas sociales, extorsiones y secuestros, ante todo utilizan los “paros armados” como acciones intimidatorias para atemorizar y controlar a la población. En ello la estructura descentralizada del grupo ha demostrado ser extremadamente efectiva. Debido a las décadas de experiencia militar de sus líderes, el núcleo del Clan mantiene una organización fuerte, pero más allá del núcleo se caracteriza ante todo por alianzas y la asimilación de otros grupos armados. En efecto, el Estado ha logrado capturar o dar de baja a miembros de medio y alto rango. Sin embargo, pese a estas pérdidas y a la presión continua de operaciones militares y policiales desde el 2015, el grupo continúa expandiéndose.
El Estado combate un problema criminal con las fuerzas armadas
Por ello continúan las dinámicas de violencia, a pesar de la desmovilización de las AUC y de los procesos de paz con las guerrillas. El largo conflicto armado y la importancia del país para el comercio internacional de drogas han creado muchos problemas estructurales que no pueden resolverse mediante la pacificación de conflictos específicos. Más aún, el clientelismo y la estructura social dominada por élites crean una tensión entre el ideal de un sistema igualitario liberal-democrático y la realidad del particularismo y la desigualdad extrema, que le dan campo a actores no estatales para arrogarse funciones sociales de manera violenta. Mientras no se solucionen estos problemas estructurales mediante reformas políticas, sociales y económicas, el actual proceso de paz contribuirá solamente a una seguridad parcial en algunas zonas de Colombia. Esto no cambiará mucho con la oferta de Otoniel de someterse junto a miembros del Clan a la justicia colombiana. Tal oferta fue realizada recientemente en dos mensajes de video al Papa y al presidente Santos, explorando la voluntad del gobierno de negociar las condiciones. Incluso si Santos aceptara estas negociaciones, es muy poco probable que Otoniel ejerza un control jerárquico que cubra a todos los miembros del Clan, considerando el sistema descentralizado de redes en que funciona el grupo.