Autora: Sonia Damme (M.A. Interdisziplinäre Lateinamerikastudien)
„El peligro de ser niño en Colombia“. Así se titula un artículo de la revista Semana publicado el 18 de abril del 2016 que describe, a partir de cifras entregadas por la Defensoría del Pueblo, la situación de los niños en Colombia y la vulneración repetida de sus derechos. Si bien el artículo incluye dentro de las cifras las trasgresiones a los menores excombatientes que para ese entonces habían ingresado al programa de restitución de derechos liderado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), no tematiza la suerte de los menores combatientes durante los diálogos de paz iniciados desde 2012 entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano, ni permite prever lo que ocurriría después del Acuerdo Final de Paz, firmado el 24 de noviembre del 2016 en Bogotá. Lastimosamente aún después de la firma del acuerdo, ser niño sigue siendo un riesgo, una triste realidad para la niñez en el país, incluyendo a los niños excombatientes.
Antecedentes históricos del reclutamiento de menores
Si bien internacionalmente solo hasta 1977 se prohibe el reclutamiento de niños menores de quince años ( Protocolos I y II adicionales a los Convenios de Ginebra de 1949), no es sino hasta la década de 1990 que Colombia ratifica estos acuerdos. Colombia ratifica también el Estatuto de Roma de 1998 (que crea la Corte Penal Internacional y establece normas sobre el reclutamiento de menores para la guerra), y lo incorpora en su ordenamiento jurídico a través de la Ley 742 de 2002, pero con una salvaguardia de siete años, razón por la que solo entró en vigencia hasta 2009. Junto con esta norma y el Código de la Infancia y Adolescencia de 2006, el ICBF en cooperación con el fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desarrollaron en 2008 un plan para la restitución de los derechos a los menores de edad. Bajo este programa se venía enfrentando la situación de los niños desvinculados*. En el marco de la Ley de Víctimas de 2011 se estableció como prioridad la protección de los menores que han sido reclutados por los grupos armados, ratificando su estatus de víctimas del conflicto ya dispuesto en los programas puestos en marcha y del que también ahora gozan los menores “desmovilizados” tras el acuerdo de paz. En 2015, tiempo después de haberse iniciado los Diálogos de Paz, las FARC se comprometieron a aumentar en dos años la edad mínima para el ingreso o reclutamiento de personas a sus filas, siendo ésta una de las primeras manifestaciones respecto al futuro de los menores combatientes.
Finalmente, en el último acuerdo firmado se habla en el punto tres, fin del conflicto, sobre la reincorporación de los menores de edad que han salido de los campamentos de las FARC, quedando en primera instancia las acciones a seguir en manos del Consejo Nacional de Reincorporación, quien determina las medidas especiales de atención y protección de los menores, elabora el Programa Integral Especial para la restitución de los derechos de los menores (según lo establecido en los comunicados conjuntos 70, 77 y 96) y hace seguimiento posterior respecto a la reincorporación a la vida civil de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que hayan accedido al programa de restitución de derechos. Como última medida, el Congreso aprobó el decreto ley 891 de mayo de 2017, mediante el cual se declara al ICBF como institución final encargada del proceso de restitución de derechos y reincorporación de menores a la vida civil.
Teniendo claras las medidas legales y los acuerdos correspondientes al reclutamiento, desvinculación, posterior restitución de los derechos y reincorporación a la sociedad civil de los menores de edad, es necesario mencionar la situación del reclutamiento de menores en Colombia. Según el ICBF, el reclutamiento de menores es una práctica que inicia a la par de la conformación de los grupos armados. No existen cifras o reportes claros de los menores desvinculados durante las primeras décadas de conformación de los mismos. La fiscalía general de la Nación estima que entre 1975 y 2014 la cifra de menores reclutados por las FARC es superior a 11.000. Tan solo el número de menores desvinculados y atendidos por el ICBF entre 1999 y 2006 indican un incremento apreciable en solo 7 años y también demuestra que el mayor reclutador fueron las FARC. Por su parte, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH 2017) ha indicado que este grupo guerrillero utilizó el reclutamiento sistemático de menores como una estrategia para aumentar el número de combatientes durante su periodo de expansión, entre 1979 y 1996, período en que no solo se multiplicaron los frentes en diferentes zonas del país sino que se transformaron las condiciones salariales y de permanencia al interior de las FARC. Este último elemento se asume como una de las razones y/o motivaciones que llevaron a los menores a sumarse a las filas del grupo guerrillero. Las condiciones económicas en sus hogares, la presión social ejercida por la vinculación de familiares o amigos y el reclutamiento forzoso a través de amenazas contra su vida o su familia, entre otros, conllevaron la inclusión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes a la guerra, donde ejercieron diferentes funciones, desde vigilantes de campamento, soldados de combate hasta explotación sexual por mandos superiores. A esta realidad se suman los malos tratos y vejámenes a los que fueron sometidos, la violación a sus derechos básicos y en la mayoría de los casos al robo de su niñez y lo que esto implica tanto psicológica, emocional, física y socialmente.
Con el acuerdo de paz
Como se mencionó anteriormente, previo a los diálogos de paz ya existía un programa estatal de apoyo a los menores desvinculados. Con el inicio de los diálogos las condiciones sin duda cambiaron, no solo porque se trajeron a un primer plano la situación de los desvinculados en el país sino que alertaron a las autoridades y a la sociedad civil sobre la protección de los derechos de los niños. Lastimosamente el hecho de que esta situación sea discutida hoy con mayor regularidad no garantiza que exista una preocupación real ni mucho menos que se disminuyan las cifras. UNICEF 2016 calcula que entre 2013-2015 unos 1.000 niños fueron reclutados por grupos armados y milicias (es decir, un niño por día).
Los censos realizados en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización permitieron reconocer un número de menores pertenecientes a los frentes de la guerrilla que se acogieron al acuerdo de paz; también hicieron posible iniciar de manera ágil la restitución del derecho a la identidad y el derecho a tener una familia. Gracias a las indagaciones hechas durante los censos, se accedió a los nombres (en algunos casos reales) de los menores, lo que posibilitó la búsqueda y contacto con sus parientes. Igualmente, el proceso de dejación de armas permitió su acceso al derecho a la salud con la posterior revisión médica. El resto de los derechos serán restaurados según las disposiciones técnicas del programa desarrollado por el ICBF al que se acogen los desvinculados.
El peligro después de la paz
El proceso avanzó; muchos de los desvinculados se encuentran con sus familias, reintegrándose a la sociedad civil y otros se encuentran bajo la custodia del ICBF; la intervención cercana de las instituciones y organizaciones mencionadas en el acuerdo de paz y el seguimiento de diferentes organismos tanto nacionales como internacionales a la situación de los menores en Colombia y al proceso de protección de los desvinculados, demuestran que el Gobierno está comprometido en materia de reintegración social, pero también deja claro lo prioritario, que es iniciar un proceso de prevención al reclutamiento, tal como lo expresó la Representante Especial del Secretario General para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados en su visita a Bogotá. Todo esto sin duda es un paso hacia la paz; sin embargo, hay varios aspectos dentro de este proceso que reflejan debilidades y que representan un peligro no solo para los niños excombatientes sino para la niñez colombiana en general.
Llama la atención, al revisar los documentos del proceso de paz referentes a la entrega y desvinculación de los niños, que dentro de las instituciones encargadas para tal fin no se menciona ni involucra desde un comienzo al ICBF, pese a que esta entidad se ha encargado de la protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes colombianos desde mediados del siglo pasado y que además desde el 2008 tiene estructurado un programa para la restitución de los derechos de los niños desvinculados de los grupos armados. ¿No habría sido entonces prudente contar con el conocimiento, experiencia y la infraestructura de esta organización en el tema desde el inicio de los acuerdos? Lo anterior no pone en duda ni desvirtúa en ningún momento la capacidad de los organismos que tomaron parte en la desvinculación de los menores; únicamente pretende manifestar la desarticulación existente entre las diferentes instituciones a nivel interno en el país, en este caso entre la Defensoría del Pueblo y el ICBF, quienes han estado involucrados de manera aislada en proyectos con el mismo propósito.
Otro punto importante es la discrepancia entre el papel y la realidad respecto a las cifras de niños reclutados, los desvinculados y posteriormente los incluidos en los programas de restitución de derechos y reintegración. No es posible encontrar cifras congruentes o confiables. Es entendible que no haya coincidencia entre el posible número de reclutados y el número de desvinculados, pero sí es preocupante la diferencia entre el número de desvinculados y el número de los que ingresaron al programa del ICBF. ¿Qué ocurre con la restitución de sus derechos? Si se conoce su desvinculación, ¿en qué momento del proceso el menor deja de ser “opcionable” para el programa de restitución? ¿Puede el menor después de desvincularse negarse a la restitución de sus derechos, no es el Estado garante de los mismos?
Un último y tal vez el más preocupante de los puntos es el futuro de los niños desvinculados. Líneas atrás se mencionó que muchos de ellos entran a ser objetivo de otros grupos armados, pero esta es la punta del iceberg. Realicé una entrevista a un adolescente que ingresó a las FARC entre las amenazas y promesas de un tío, y quien tras dos años de pertenecer a uno de los frentes de las FARC (hoy disidente) tomó la decisión, hastiado de la sangre derramada, de desmovilizarse voluntariamente de la guerrilla. Aquí lo llamaré Christian (el nombre ha sido cambiado para proteger su identidad), y actualmente hace parte del programa de restitución de derechos del ICBF y vive con una familia sustituta en la ciudad de Bogotá, alejado de su familia y con permiso especial de comunicarse con su madre una vez al mes. Con un poco de miedo pero también agotado, me narró su paso por la guerrilla y su desvinculación. Pero su historia de sufrimiento continúa después de haber salido de la guerra. Hoy se ve enfrentado a las amenazas de sus excompañeros de frente y su tío. A ello se suma la triste realidad que él y otro niño excombatiente viven al interior de la familia sustituta, donde son maltratados verbalmente, reciben una atención alimentaria insuficiente y varias veces han sido obligados a fingir en el momento de las visitas de control. Christian intuye que la familia los recibió porque por su sostenimiento recibe apoyo económico del gobierno y asegura que otros como él también pasan por la misma situación. Posteriormente afirma que lo están buscando y agrega que él conoce algunos amigos desvinculados que hoy están bajo la protección de otros grupos.
No se necesita conocer a profundidad los detalles de la situación de Christian para entender su agotamiento y desconfianza, como tampoco es imposible imaginarse que muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes desvinculados pueden encontrarse en situaciones similares. El Estado a través de sus diferentes instituciones, las convenciones internacionales que protegen a los menores y sus derechos, el trabajo mancomunado con organismos internacionales y, en el caso del acuerdo de paz, la inclusión de países garantes, han contribuido al desarrollo de programas para mejorar la situación de los menores que dejan las armas. Sin embargo, y dejando de lado todas las dificultades administrativas y financieras que generalmente aquejan a este tipo de propuestas, vale la pena preguntarse si las familias de acogida, los vecinos, los profesores de las instituciones educativas, los compañeros de salón, y en general la sociedad civil están dispuestos a participar en la restitución de los derechos de estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a sabiendas, como lo describe el artículo de la revista Semana, que Colombia no ha podido proteger a sus niños. O si por el contrario los menores desvinculados se convertirán en el objetivo de otros grupos como el ELN, las BACRIM o grupos de microtráfico, quienes siguen reclutando menores, y para quienes pueden convertirse en objetivo; bien sea por su entrenamiento militar previo, el conocimiento de las implicaciones de adherirse a un grupo al margen de la ley, o porque son población vulnerable en medio de la falta de respuesta y atención adecuada y oportuna del Estado y la sociedad.
La solución no solo está en un gobierno que se preocupe por la reintegración de los menores excombatientes; está también, como lo consagra el principio de corresponsabilidad del Código de la Infancia y la Adolescencia en Colombia, en que la sociedad asuma el papel que le corresponde para la garantizar los derechos de los menores a través de su atención, cuidado y protección.
* Desvinculado es el termino correcto para referirse a los menores de edad (menores de 18 años) que habían pertenecido y participado en las filas de los grupos armados al margen de la ley. Esta caracterización se otorga debido al estatus de víctima dispuesto por las diferentes acuerdos y sus respectivas ratificaciones y las leyes expedidas por el congreso colombiano para la protección a los menores.