Autor: Anderson Sandoval (Masterstudiengang Interdisziplinäre Lateinamerikastudien)
La actual pandemia ha traído varios perjuicios a la implementación del acuerdo de la Habana. Con el país concentrado en las medidas sanitaras, las instituciones que se crearon para implementar los acuerdos han visto profundamente trastocado su funcionamiento. Audiencias, reuniones, congresos y eventos han sido cancelados debido a las medidas de distanciamiento social.
El confinamiento, sin embargo, no ha afectado cada punto de la misma manera. Antes de que el Covid-19 entrara en el panorama ya era notable un desarrollo desigual de distintos puntos del acuerdo. La reforma rural integral y la solución al problema de las drogas, cuya implementación ya era precaria antes de la actual crisis, se han detenido casi por completo. En contraste, el sistema de reparación a víctimas y la reincorporación han logrado adaptarse a las nuevas circunstancias valiéndose sobre todo de herramientas digitales.
Aunque es de esperarse que un proceso tan complejo tenga puntos más fuertes que otros, y que estos se adapten con mayor o menor éxito a la crisis, vale la pena hacerse algunas preguntas. ¿Cómo afecta esta crisis a la política de paz en Colombia?, ¿A qué se debe el éxito y fracaso de algunos puntos de la implementación en época de pandemia? ¿Qué papel ha jugado gobierno y excombatientes en esta coyuntura?
La paz estancada
El aumento en asesinatos selectivos de líderes y lideresas sociales ha sido sin duda uno de los efectos secundarios más notorios de la actual crisis. El 2020 ya había tenido un inicio sangriento con 17 líderes/as y defensores/as de derechos humanos asesinados/as los primeros 13 días del año. Esto se ha recrudecido desde el inicio de la cuarentena. El epicentro de los horrores es el departamento del Cauca. En este complejo e históricamente disputado territorio del suroccidente de país los asesinatos selectivos han dado lugar poco a poco a las masacres, en medio de la cuarentena se registraron hasta cinco homicidios de líderes en menos de 24 horas. Las restricciones de movilidad han hecho a líderes, reclamantes de tierra y defensores de derechos humanos presa fácil de los múltiples grupos neo-paramilitares y disidencias de las extintas FARC que se disputan el control territorial y los corredores de droga.
Los acuerdos preveían la sustitución voluntaria de cultivos de coca, a la vez que aseguraba el sustento económico para sus cultivadores. Ahora, haciendo uso del ejército y la policía, el gobierno ha aprovechado el vuelco mediático de la pandemia para reforzar su política de erradicación forzada de cultivos ilícitos. Esto no solo amenaza con dejar sin sustento a familias campesinas cultivadoras de coca, sino que persigue a estas comunidades, sin contar con que las expone al contagio con el Covid-19 pues, según denuncias de las mismas comunidades, la fuerza pública no respeta las medidas de aislamiento social. El gobierno está decidido a obedecer la orden de Trump de reintroducir las operaciones con glifosato.
Por otra parte, las actividades de la Farc – partido político resultante de los acuerdos – también se han visto afectadas por la cuarentena. La colectividad tenía planeada una asamblea nacional para mediados de abril que ahora espera a ser reprogramada. Sin duda estas son muy malas noticias para un partido que desde su creación ha acumulado sendos conflictos y divisiones en su interior. Con el aplazamiento también se posponen dos discusiones muy urgentes: la profunda desconexión entre la dirigencia del partido en el congreso y sus bases de excombatientes y la posición del partido respecto a los múltiples incumplimientos del gobierno al acuerdo de paz. Los desacuerdos frente a estos temas son tan grandes que ya han originado la salida del partido de sobresalientes miembros como Martin Batalla y Tanja Nijmeier.
Los dineros para la paz también han estado bajo fuego durante la cuarentena. Hace algunas semanas un senador del partido Centro Democrático propuso que ocho billones de pesos de la implementación de los acuerdos fueran redestinados para atender la crisis. Aunque la iniciativa generó un extendido rechazo en el país, la idea de echar mano de estos dineros ha sido, al menos en parte, retomada por el gobierno. A principio de mayo el presidente firmó dos contratos para el posicionamiento de su imagen en redes sociales por alrededor de 1 millón de dólares del “Fondo Paz”, dinero destinado a la implementación de los acuerdos.
Esto es una mención de los procesos más visibles que han cambiado por cuenta de la pandemia, sin embargo, lo más grueso del acuerdo de paz, ya se había estancado desde antes de la llegada del coronavirus a Colombia. Según la misión de verificación de la ONU en febrero de 2020, de lo pactado en la Habana, solo se había implementado un 18,5%. La ejecución de obras públicas en las zonas más afectadas por el conflicto, lo llamados PDETs, ha sido insuficiente, la reforma rural integral –el corazón del acuerdo de paz – sigue siendo letra muerta.
En resumen, la desidia del actual gobierno es el común denominador de las insuficiencias en la implementación. Las medidas de aislamiento social y restricciones de movilidad se han convertido en la excusa para ignorar su responsabilidad de implementar los acuerdos de la Habana. Esta actitud desobligante se agrava con la repentina interrupción de dos tendencias que tenían en jaque al gobierno durante el último año: El control político del congreso y el inédito estallido social del 21 de noviembre.
El éxito de los procesos autónomos
El punto que más logros acumula hasta ahora es con seguridad el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR). Las tres entidades de esta instancia han adoptado casi por completo el teletrabajo para continuar su funcionamiento. La Comisión de la Verdad ha priorizado análisis y consolidación de la información de entrevistas con víctimas y actores armados del conflicto recogida hasta ahora. También desarrolla herramientas para que las comunidades trabajen autónomamente. Asimismo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha dado prelación a las tareas de investigación y corroboración de la información sobre posibles ubicaciones de personas desaparecidas y anunció el lanzamiento de su ‘Plan nacional de búsqueda’. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por su parte, está llevando a cabo audiencias virtuales, con acusado, defensa, testigos y juez, cada uno en ciudades distintas.
En principio dichas medidas solo han sido concebidas como temporales y no cubren todas las tareas por ejecutar. La Comisión de la Verdad, por ejemplo, ha suspendido las visitas a comunidades víctimas del conflicto y considera pedir una prórroga para la entrega del gran informe final. La UBDP, a su vez, ha suspendido totalmente el trabajo de campo, lo que retrasa, por ejemplo, la identificación de los cadáveres la nueva fosa común encontrada gracias a las confesiones de exmilitares en Valledupar. La JEP, por su parte, anunció que no expedirá sentencias ni podrá ordenar la exhumación de los cadáveres de la fosa común de Dabeiba.
La reincorporación de excombatientes ha sido otro punto fuerte de la implementación que se ha adaptado con relativo éxito a la crisis. Para las comunidades exguerrilleras concentradas en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) se han previsto programas de abastecimiento, aislamiento y prevención, y cerca de 13.000 firmantes del acuerdo de paz seguirán recibiendo la renta básica correspondiente al 90 por ciento del salario mínimo mensual.
Pero la reincorporación también ha sufrido los embates de la crisis. Junto con el asesinato de líderes sociales han caído también firmantes del acuerdo; ya van 24 este año y cerca de 200 desde la firma de los acuerdos. La presencia de organismos internacionales en los ETCR también se ha visto muy restringida. La ausencia temporal de la ONU, ONGs y otras entidades de cooperación deja a las comunidades de excombatientes sin un apoyo fundamental en su proceso de reincorporación.
Vale la pena mencionar que algunos proyectos productivos de excombatientes han sobrevivido mediante la fabricación de tapabocas y la comercialización de productos agrícolas, gastronómicos y textiles vía internet. Existen otros, sin embargo, cuya naturaleza no les permite ‘reinventarse’ que entrado en inactividad.
Las razones del éxito de estos procesos que se han adaptado a la crisis tienen una íntima relación con el éxito con el que habían funcionado hasta ahora. El SIVJRNR, por ejemplo, está constituido por instituciones públicas autónomas e independientes que no están bajo injerencia directa del actual gobierno, lo que le ha garantizado un desarrollo satisfactorio. Las directivas SIVJRNR son seleccionadas por el ‘comité de escogencia’ – un órgano integrado por organismos internacionales del proceso de paz, universidades y la rama judicial. Esto contrasta con el manejo de otras entidades ‘pre acuerdo’ pensadas también para contribuir a superar el conflicto, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) que ahora es dirigido por Darío Acevedo, designado por el actual presidente y quien ha negado la existencia del conflicto.
La reincorporación de excombatientes, por su parte, ha tenido constante vigilancia de los organismos internacionales como la comisión para los Derechos Humanos de la ONU y de la comunidad internacional. Además, ha estado marcada por un amplio cumplimiento del principio de no repetición por parte los y las excombatientes.
Un posible panorama
Desde ya se advierte que el nuevo coronavirus estará entre nosotros al menos por lo que queda del año 2020. Las estrategias para implementar los puntos del acuerdo de paz, que inicialmente han sido concebidas como temporales, podrían ser las que mantengan vivos y funcionando los exitosos procesos autónomos descritos. Poco a poco el uso de herramientas digitales, jornadas de atención virtual, teletrabajo y trámites a distancia empiezan a insinuarse como una de las formas de lo que algunas personas ya anuncian como la ‘nueva normalidad’.
Los principales retos de esta nueva fase serán el limitado acceso a internet y energía eléctrica, el analfabetismo tecnológico y la carencia de infraestructura necesaria para acceder a la era digital de gran parte de la población colombiana. Estos retos, sin embargo, no reemplazarán las ya conocidas amenazas de desfinanciación, sabotaje y persecución política que acechan la construcción de paz, sino que se sumarán a ellos.
Así pues, es importante reconocer los grandes avances que especialmente la reincorporación y del SIVJRNR han tenido ante la crisis suscitada por esta pandemia global. Pero también es necesario reconocer que la implementación del acuerdo ya venía enfrentando una crisis mucho más grande antes de la pandemia: no está en las prioridades del gobierno del presidente Iván Duque.