Autor: Nicolás Laube (M.A. Interdisziplinäre Lateinamerikastudien)
En el presente texto analizaremos las principales características de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, conformada como un pilar fundamental dentro de los Acuerdos de Paz firmados entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. Este análisis es parcial e incompleto, puesto que el trabajo de la Comisión inició hace pocas semanas. Por esa razón, haremos hincapié en la selección de sus miembros, sus principales objetivos y desafíos. Nos interesan las reglas, los marcos institucionales y los alcances y límites de esta Comisión, a la que podemos describir, sin temor a equivocarnos, como excepcional y sin precedentes en la historia del conflicto en Colombia.
Para tales fines, comenzaremos haciendo referencia de manera escueta a los debates en torno a la verdad sobre el conflicto armado que tiñe los últimos 50 años de historia colombiana. El gobierno (que no es un actor monolítico con un solo interés) y las FARC son los principales partícipes. Es en ese contexto de pugnas de verdades en el que se inserta la Comisión de la Verdad.
Además del Capítulo 5 del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” (que se refiere a las víctimas, la memoria y la justicia) y las últimas noticias periodísticas relacionadas con el tema, utilizaremos parte de la bibliografía trabajada en el seminario “El Acuerdo de Paz en Colombia”, dictado por Manuel Góngora Mera en la Freie Universität Berlin.
Diferentes puntos de vista: Verdades esquivas
Durante la administración de Álvaro Uribe (2002-2010), el gobierno negó la existencia de un conflicto armado interno, afirmando en cambio que se trataba de una situación en la que un Estado democrático se enfrentaba a organizaciones terroristas (Lyons 2010: 17-18). Este discurso ha tenido un impacto duradero en la forma en que se interpreta el conflicto interno en Colombia. En palabras de una víctima (refiriéndose a la verdad, la justicia y la reparación), “para nosotros es una cosa y para el gobierno es otra cosa” (Reed Hurtado 2010: 109). Entre otros, este es un desafío crucial al que se enfrenta la Comisión de la Verdad. Como manifiesta Carlos Beristain en una entrevista del año 2015, “un relato único nunca va a ser posible, pero un relato básico de consenso de las dos partes no sólo es posible sino necesario”.
El Acuerdo de Paz firmado en 2016, que intenta poner un punto final al conflicto interno, es muy claro a la hora de caracterizar el conflicto como multicausal y de identificar la enorme variedad de víctimas, lo que supone diversidad de relatos y verdades:
El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño a la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole familias, colectivo y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, y Rom, personas en razón de sus creencias religiosas, población LGBTI y partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas, o la simple convivencia con el miedo. En reconocimiento de esta tragedia nacional, desde el Encuentro Exploratorio de 2012, acordamos que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo (Acuerdo de Paz, punto 5).
Existen algunos antecedentes recientes de informes que intentaron dar cuenta de estas controversias. Un dilema que es vital es el de intentar determinar cuándo comenzó el conflicto. Este es uno de los temas más complejos de la historiografía colombiana, lo que se ha reflejado en la Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, publicación que reúne diversos ensayos elaborados para la Comisión Histórica sobre el Conflicto y sus Víctimas en 2015. ¿El conflicto inició en 1930? ¿En 1946? ¿En 1948? ¿En 1958? ¿En la década de 1980? Esto no es un asunto menor, ya que determinar el año y las causas de orgien del conflicto permitirá identificar, reparar, resarcir y proteger a quienes fueron y son sus víctimas. Estos ensayos, si bien con otros objetivos, son un insumo fundamental que la Comisión deberá revisar. Otro insumo clave es el informe ¡Basta Ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en 2013.
La Comisión de Verdad: un largo camino por delante
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición fue instalada por el presidente Juan Manuel Santos el 5 de diciembre de 2017 y tendrá, siguiendo lo establecido en el Acuerdo de Paz, una duración de tres años, en los cuales, antes de finalizar su mandato, deberá escribir un Informe Final con los resultados obtenidos.
La Comisión forma parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Tal como lo consigna el Acuerdo de Paz, no trabajará de manera aislada, sino que se articulará con la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el Contexto y en razón del Conflicto Armado; la Jurisdicción Especial para la Paz; medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y las garantías de no repetición. Cada uno de estos mecanismos y medidas tienen funciones y objetivos específicos. A la fecha en que escribimos este texto, el Sistema creado comienza a mostrar algunos avances y consolidaciones, salvo en la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que tiene la difícil tarea de rastrear a más de 60.000 personas, pero que ha tenido serios retrasos y se calcula que solo hasta finales de 2018 empiece a operar en firme.
Durante la declaración de instalación, el presidente Santos aclaró que la información que recoja la Comisión de la Verdad no tendrá efectos judiciales y agregó que no será una cacería de brujas en contra de nadie. Sus declaraciones siguen la línea de lo consensuado en el Acuerdo de Paz y lo sostenido por los miembros de la Comisión de Verdad. Esta característica es fundamental y por eso insistimos en que se trata de un mecanismo independiente e imparcial de carácter extra-judicial: la Comisión no reemplaza a la investigación judicial. Esta medida es clave para que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas se comprometieran a abrir sus archivos, hecho inédito en la construcción de memoria en la historia colombiana.
Los miembros de la Comisión, once en total, de los cuales seis son hombres y cinco mujeres (entre los que se encuentran académicos/as, defensores/as de derechos humanos, periodistas y víctimas del conflicto) fueron elegidos por un Comité de Escogencia (que no contaba con historiadores). Tal como afirma Diego García-Sayán, quien fuera uno de sus miembros, cualquier proceso de este tipo nunca estará exento de tensiones y polarizaciones, aunque la transparencia y participación ciudadana en el proceso de selección le dieron seriedad y legitimidad. La Comisión quedó conformada por el padre Francisco de Roux Rengifo (presidente de la Comisión), Alejandra Miller Restrepo, Alejandro Valencia Villa, Alfredo Molano Bravo, Carlos Beristain, María Ángela Salazar Murillo, María Patricia Tobón Yagarí, Martha Ruiz, Carlos Ospina Galvis, Saúl Franco Agudelo y Lucía González Duque. Elegidos a comienzos de noviembre de 2017, tienen por delante una tarea fundamental en la historia del país. Citando a quien la preside, “queremos contribuir a la sanación del país, pero también […] a que nos recuperemos como colombianos en todas partes”.
Que casi la mitad de sus miembros sean mujeres en un país donde han sido históricamente excluidas y especialmente afectadas por el conflicto representa sin lugar a dudas un avance para construir una verdad más plural, inclusiva y democrática. Esto va de la mano de la necesidad de construir las verdades de las víctimas que han sido calladas durante tanto tiempo.
Según lo acordado, esta Comisión tendrá tres objetivos principales: En primer lugar, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad de lo sucedido, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros.
En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas; de responsabilidades individuales y colectivas de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado; y de toda la sociedad de lo que sucedió, como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe repetir.
Por último, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios, mediante un ambiente de diálogo y la creación de espacios para oír las diferentes voces, donde las víctimas se vean dignificadas y se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro. En síntesis, deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado.
Los criterios orientadores bajo los cuales trabajarán las y los comisionados serán, además, la centralidad puesta en las víctimas, la imparcialidad e independencia, y el enfoque territorial, diferencial y de género, para garantizar la convivencia y la reconciliación.
Claro está que el objetivo de la Comisión es investigar y esclarecer. No tiene la potestad para detener la violencia, que pese a la firma del Acuerdo y la desactivación de las FARC, no ha terminado. En muchas regiones del país esas violencias mutan, se reacomodan las alianzas y disputas, por lo que hay que ser muy cuidadoso en identificar cuáles formas de violencia son continuidades del conflicto armado y cuáles no (Álvarez Vanegas et al., 2017: 3). Esto es también fundamental a la hora de identificar y resarcir a las víctimas del conflicto, ya sean directas o indirectas, de aquellas que son víctimas de otras violencias.
Palabras finales
La Comisión de la Verdad tiene por delante la tarea de albergar las verdades que no han sido pronunciadas o que han sido silenciadas. Por eso, más que una Comisión de la Verdad, ésta debería ser una “Comisión de las verdades”, plurales y en minúscula, que no tenga temor en contradecirse, en avanzar y retroceder, para (re)pensar, desafiarse de manera democrática e inclusiva. El apoyo y la protección del Estado (fundamentalmente), pero también de los grupos involucrados en el conflicto, como los grupos guerrilleros, las élites y el narcotráfico, son fundamentales para construir estas verdades de la manera más completa posible. Para que no queden mutiladas, inconclusas y no se siga abriendo la grieta de la historia colombiana reciente.
El Informe final que escribirá la Comisión en 2020 no será el punto de llegada sino apenas un punto de partida. Debería convertirse en la brújula para continuar (re)pensando y construyendo esas “micro verdades” en cada región, en cada ciudad y en cada colombiano involucrado, ya sea como víctima, victimario o reproductor de discursos e imaginarios. Tal como sostiene Francisco de Roux, el reto consiste en construir una verdad sin venganzas, ni retaliaciones ni odio; en ir “detrás de todas las verdades que nunca se han dicho en el país y han permanecido en silencio”.