Autor: Jheysson Salas Velandia (Masterstudiengang Interdisziplinäre Lateinamerikastudien)
Para mí la paz implica inversión social, transformación de las brechas que ha generado el conflicto armado, y esas brechas son el empobrecimiento, el despojo territorial de las comunidades, la implementación de megaproyectos que han empobrecido a la gente en sus territorios y que en nombre del desarrollo han terminado destruyendo la vida de mucha gente
Francia Márquez Mina
A dos años del Acuerdo
Recapitulemos. Mediante el Decreto 2027 del 7 de diciembre de 2016, se dictaminó la creación del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), el organismo que tiene como tareas la definición de actividades, fondos, cronograma y seguimiento del proceso de reintegración socioeconómica de excombatientes de las FARC. Es un órgano colegiado entre las FARC, el Estado colombiano, los consejos territoriales de reincorporación, y personal técnico con experiencia en los procesos de reintegración.
El 6 de julio de 2017 se presentó el censo socioeconómico de las FARC y los datos arrojados permitieron conocer, por ejemplo, que el 90% de sus miembros sabe leer y escribir, el 60% tiene un origen rural, el 77% no tenía vivienda para habitar y de las 10.015 personas encuestadas, al 60% le gustaría emprender proyectos colectivos agropecuarios en granjas integrales.
El 25 de septiembre de 2017, la Misión de Verificación y Monitoreo de la ONU dio por concluido con éxito el proceso de dejación de armas de las FARC. Era la primera tarea en terreno para arrancar la implementación y las FARC cumplieron. El Estado colombiano, sin embargo, acumuló incumplimientos a lo acordado en términos de adecuación y mantenimiento de las Zonas Veredales de Transición y Normalización, hoy llamadas ETCR-Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
El 20 de julio del 2018, la FARC-Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, tomó posesión de 8 de las 10 curules acordadas en el Acuerdo Final; Luciano Marín Arango y Zeuxis Pausias Hernández Solarte (conocido por su seudónimo „Jesús Santrich“) no asistieron por falta de garantías y privación de la libertad, respectivamente. Se materializaba así, aunque parcialmente, una de sus principales reivindicaciones: la participación política.
Depuestas las armas, y habiendo dado el primer paso hacia la participación política institucional, las principales tareas se condensaban en la puesta en marcha de la JEP, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y el proceso de reincorporación socioeconómico de las FARC. No obstante, la configuración del nuevo congreso y la llegada al poder del nuevo presidente Iván Duque, trastocaron por completo el contexto político y las condiciones de implementación del acuerdo. El vaticinio de muchos se hizo realidad; los defensores del “No” al Acuerdo Final llegaron al poder amenazando con „hacer trizas el acuerdo de paz“ y suspender los diálogos con el ELN. El anhelo y derecho a la paz, así como el cumplimiento a la palabra empeñada, entró en serios cuestionamientos y a día de hoy en dimensiones ciertamente aún desconocidas. A continuación, repasamos el proceso de reincorporación de las FARC desde tres aristas diferentes que reflejan los claroscuros y complejidades de este proceso.
Garantías para la Reincorporación
Garantías de seguridad: en su Informe Especial de Derechos Humanos, la fundación Heinrich Böll estima que unos 80 excombatientes de las FARC (y familiares de éstos) fueron asesinados entre el 24 de noviembre de 2016 y el 17 de abril del 2018, mientras que la Fundación Paz y Reconciliación estima en 83 excombatientes asesinados y 24 familiares, desde la firma del Acuerdo hasta el 10 de noviembre de 2018. Por lo que respecta a líderes/as y defensores/as de DD.HH, el Instituto de estudios para el Desarrollo y la Paz, el movimiento político y social Marca Patriótica y la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, determinan en su informe y separata de actualización “Todos los nombres, todos los rostros” un total de 482 personas asesinadas durante el periodo comprendido del 1 de enero al 17 de noviembre para los años 2016, 2017 y 2018. En suma, la radiografía que dejan estos informes es desoladora y parecen fundar parte de las disensiones de algunos excombatientes que resuelven abandonar los procesos de reincorporación.
Garantías Jurídicas: a noviembre del 2018, la FARC reportó que 300 excombatientes se mantenían privados de la libertad, a pesar de la Ley de Amnistía e Indulto, que fue aprobada el 29 de junio de 2017 en el Congreso. El punto álgido de esta situación desembocó en una huelga de hambre de excombatientes presos para exigirle al gobierno que cumpliera con su palabra. Asimismo, hay que mencionar el delicado caso del dirigente Zeuxis Pausias Hernández Solarte, quien fue capturado mediante circular roja de la Interpol acusado de narcotráfico por parte de Estados Unidos. Esto ha creado más incertidumbre entre excombatientes y, principalmente, entre los mandos medios de las FARC. La Fundación Ideas para la Paz estima que hay unos 1.200 disidentes del proceso de paz, y alude no solo a factores de predilección por las economías ilícitas; más bien apela a un complejo y diverso abanico de causas e incentivos por los cuales los excombatientes desertan o permanecen alzados en armas, a saber: rechazo al proceso de paz, desconfianza ante el Estado y élites colombianas, convicciones políticas y aspiraciones a un nuevo orden sociopolítico, etc.
Garantías Económicas: para la reincorporación socioeconómica colectiva, se constituyó la organización ECOMÚN-Economías Sociales del Común, cuya tarea consiste en agrupar, asesorar y acompañar proyectos e iniciativas económicas de exguerrilleros/as. Después de dos años, empero, las cifras no son alentadoras: a noviembre de 2018, tan solo dos proyectos productivos han recibido los desembolsos necesarios para poder ser materializados, aunque la cifra de proyectos ya aprobados por el CNR es de dieciocho y ECOMÚN habla ya de 68 cooperativas de producción ubicadas en los diferentes ETCR a la espera de la aprobación por parte del CNR y sus correspondientes desembolsos. Colpensiones, por otro lado, reportó a 30 de mayo del 2018 la cifra de 5.784 excombatientes afiliados/as al Régimen de Prima Media-RPM, una cifra ciertamente positiva; mientras que la Oficina del Alto comisionado para la Paz, acreditó en el primer año de implementación a 12.363 excombatientes, de los cuales 11.435 fueron habilitados con cuenta de ahorros para poder cobrar la “renta básica” y el desembolso inicial.
Otro factor que aqueja al proceso de reincorporación es la posesión y uso de la tierra, pues los ETCR se encuentran en tierras arrendadas por el gobierno y cedidas temporalmente a los/as excombatientes, sumado al factor de que el gobierno no previó la compra de tierras para la ejecución de los proyectos económicos. Teniendo en cuenta que la mayoría de las iniciativas hasta hoy conocidas son de carácter agrícola y rural, la no posesión de tierras productivas ralentiza y pone en peligro la reincorporación.
Retos de la reincorporación
La concentración de la tierra productiva en tan pocas manos en Colombia continúa siendo una de las causas estructurales del conflicto. Y aunque en las conversaciones de la Habana jamás estuvo en la agenda una reforma agraria radical o el cuestionamiento al orden político-económico, se esperaba que la dejación de las armas trajera consigo mejoras socioeconómicas para las poblaciones rurales, las alzadas en armas y a aquellos territorios donde la guerra había sido más intensa. Partiendo de la tesis de Oscar Arias Sánchez (premio Nobel de paz 1987) y que explica Carlos Alberto Ruiz Socha (asesor jurídico de las FARC), en una negociación de paz las partes implicadas deben ceder-perder para que gane la sociedad; hipotéticamente, las élites deberían ceder en algunos de sus privilegios económicos, sociales, culturales y, paralelamente, las FARC deberían renunciar a su rebelión y a su intento de tomar el poder por las armas. Este pacto conllevaría a una mejora generalizada para la sociedad colombiana en dos direcciones: la primera, una reducción-eliminación del conflicto armado, que salvaría vidas y haría de la paz una cotidianidad para los/as colombianos/as; la segunda, una reducción de las drásticas desigualdades sociales, que son caldo de cultivo para todo tipo de violencias. Esta hipótesis que orientó parte de las negociaciones se encuentra seriamente amenazada.
Una exitosa reincorporación, entendida como un proceso multidimensional y de mediana y larga duración, es garantía para la no repetición del conflicto y sus consecuencias. Para tal fin, debe resolverse la incertidumbre de los/as desmovilizados/as frente al futuro y la desconfianza de los mandos medios hacia el gobierno como garante estatal de lo firmado, y se debe erradicar cuanto antes el accionar impune del narcoparamilitarismo. En este orden de ideas, es crucial el éxito de los proyectos económicos y sociales orientados al fortalecimiento de la reintegración. Si estos proyectos logran garantizar las necesidades materiales de la FARC y sirven para impulsar el bienestar de las comunidades aledañas, habrán menos incentivos para desertar o reincidir. Comprender integralmente las lógicas territoriales y rurales de la reincorporación es tarea prioritaria para establecer a tiempo las medidas de reincorporación; sin embargo, no todo puede, ni debe recaer, en manos de estructuras estatales. Un buen ejemplo de esto es la convocatoria de voluntariados y practicantes que ha abierto ECOMÚN, así como su campaña de mecenas para echar a andar proyectos que no pueden esperar la llegada del Estado. Siguiendo esta lógica es que se han pensado los Consejos Territoriales de Reincorporación, que trabajarán la reincorporación a un nivel local y multidimensional, dentro de las lógicas y particularidades de cada territorio.
Otro interrogante abierto es la mesa de diálogos con el ELN, la cual fue suspendida por parte del gobierno de Iván Duque ante el ultimátum para el ELN de que liberara a todas las personas que tiene secuestradas. Actualmente el gobierno calcula la cifra de 10 personas privadas de la libertad por parte del ELN y expresa que es condición sine qua non para volver a la mesa o reabrir los diálogos. Lo cierto es que la nueva coyuntura colombiana está dominada por élites políticas y otros actores que debilitan el proceso de implementación del acuerdo con las FARC y que están impulsando medidas que desdibujan el proyecto de avanzar hacia una paz estable y duradera, incluyendo por ejemplo el retorno de la aspersión aérea con glifosato, la criminalización de los eslabones débiles en la cadena del narcotráfico, la suspensión de los diálogos con el ELN, la represión a los movimientos sociales, sindicales y estudiantiles, los asesinatos de líderes sociales, la persecución de la oposición política, y la búsqueda de la impunidad de los militares y terceros que financiaron el conflicto.
En definitiva, parece plausible pensar que en Colombia se está implementando un acuerdo de paz con el menor costo posible para unas élites poco interesadas en reintegrar económicamente a los exguerrilleros y mucho menos en ceder sus privilegios y resolver la desigualdad y exclusión histórica de las poblaciones en los territorios más golpeados por la guerra; una paz barata que a la larga puede resultar muy cara.